PARAMILITARISMO Y NARCOTRAFICOTRANSLATE THIS PAGE con Estados Unidos y cometieron actos terroristas contra la población civil, actos que se extendieron con la guerra entre carteles. Ya en las décadas de 1990 y 2000 varios de estos carteles consolidaron una infiltración en las instituciones del Estado al tiempo que consolidaban igualmente las alianzas con grupos al margen de la ley incluidas guerrillas y paramilitares. PARAMILITARISMO Y NARCOTRAFICOTRANSLATE THIS PAGE 6.1.1.2 DESARROLLO HISTÓRICO DEL NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA. El narcotráfico en Colombia se refiere a PARAMILITARISMO Y NARCOTRAFICOTRANSLATE THIS PAGE con Estados Unidos y cometieron actos terroristas contra la población civil, actos que se extendieron con la guerra entre carteles. Ya en las décadas de 1990 y 2000 varios de estos carteles consolidaron una infiltración en las instituciones del Estado al tiempo que consolidaban igualmente las alianzas con grupos al margen de la ley incluidas guerrillas y paramilitares. PARAMILITARISMO Y NARCOTRAFICOTRANSLATE THIS PAGE 6.1.1.2 DESARROLLO HISTÓRICO DEL NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA. El narcotráfico en Colombia se refiere a PARAMILITARISMO Y NARCOTRAFICOTRANSLATE THIS PAGE con Estados Unidos y cometieron actos terroristas contra la población civil, actos que se extendieron con la guerra entre carteles. Ya en las décadas de 1990 y 2000 varios de estos carteles consolidaron una infiltración en las instituciones del Estado al tiempo que consolidaban igualmente las alianzas con grupos al margen de la ley incluidas guerrillas y paramilitares. PARAMILITARISMO Y NARCOTRAFICOTRANSLATE THIS PAGE 6.1.1.2 DESARROLLO HISTÓRICO DEL NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA. El narcotráfico en Colombia se refiere a PARAMILITARISMO Y NARCOTRAFICOTRANSLATE THIS PAGE con Estados Unidos y cometieron actos terroristas contra la población civil, actos que se extendieron con la guerra entre carteles. Ya en las décadas de 1990 y 2000 varios de estos carteles consolidaron una infiltración en las instituciones del Estado al tiempo que consolidaban igualmente las alianzas con grupos al margen de la ley incluidas guerrillas y paramilitares. PARAMILITARISMO Y NARCOTRAFICOTRANSLATE THIS PAGE 6.1.1.2 DESARROLLO HISTÓRICO DEL NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA. El narcotráfico en Colombia se refiere a PARAMILITARISMO Y NARCOTRAFICOTRANSLATE THIS PAGE con Estados Unidos y cometieron actos terroristas contra la población civil, actos que se extendieron con la guerra entre carteles. Ya en las décadas de 1990 y 2000 varios de estos carteles consolidaron una infiltración en las instituciones del Estado al tiempo que consolidaban igualmente las alianzas con grupos al margen de la ley incluidas guerrillas y paramilitares. PARAMILITARISMO Y NARCOTRAFICOTRANSLATE THIS PAGE 6.1.1.2 DESARROLLO HISTÓRICO DEL NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA. 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Ya en las décadas de 1990 y 2000 varios de estos carteles consolidaron una infiltración en las instituciones del Estado al tiempo que consolidaban igualmente las alianzas con grupos al margen de la ley incluidas guerrillas y paramilitares. PARAMILITARISMO Y NARCOTRAFICOTRANSLATE THIS PAGE 6.1.1.2 DESARROLLO HISTÓRICO DEL NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA. El narcotráfico en Colombia se refiere a PARAMILITARISMO Y NARCOTRAFICOTRANSLATE THIS PAGE con Estados Unidos y cometieron actos terroristas contra la población civil, actos que se extendieron con la guerra entre carteles. Ya en las décadas de 1990 y 2000 varios de estos carteles consolidaron una infiltración en las instituciones del Estado al tiempo que consolidaban igualmente las alianzas con grupos al margen de la ley incluidas guerrillas y paramilitares. PARAMILITARISMO Y NARCOTRAFICOTRANSLATE THIS PAGE 6.1.1.2 DESARROLLO HISTÓRICO DEL NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA. 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Ya en las décadas de 1990 y 2000 varios de estos carteles consolidaron una infiltración en las instituciones del Estado al tiempo que consolidaban igualmente las alianzas con grupos al margen de la ley incluidas guerrillas y paramilitares. PARAMILITARISMO Y NARCOTRAFICO
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Jan
23
6.1.1.2 DESARROLLO HISTÓRICO DEL NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA. El narcotráfico en Colombia se refiere a la evolución histórica de la producción y distribución de drogas ilícitas de efectos psicotrópicos en Colombia, desde sus inicios hasta la Colombia ha tenido cuatro de los carteles de narcotráfico más poderosos del mundo, que en algunos lugares crearon una nueva clase social e influenciaron grandemente la cultura colombiana. El consumo de cocaína, marihuana y otras drogas había sido parte del estilo de vida de algunas comunidades indígenas a lo largo de América del Sur, pero la demanda mundial de drogas psicoactivas durante las décadas de 1960 y 1970 incrementaron la producción y procesamiento de estas en Colombia. Leyes de prohibición fueron entonces implementadas en los Estados Unidos y en Colombia para sofocar el efecto negativo de las drogas en la sociedad y castigar a quienes las poseyeran, comercializaran o distribuyeran. Desde el establecimiento de la guerra contra las drogas, los Estados Unidos y algunos países europeos han proveído al gobierno colombiano ayuda logística y financiera para implementar planes que permitan combatir el tráfico de drogas. El programa más notable ha sido el polémico Plan Colombia, el cual también está destinado a combatir los grupos armados ilegales calificados por estos países como terroristas, entre ellos paramilitares y guerrillas, que en la década de 1980 empezaron a financiar sus actividades con esta actividad ilícita.
En junio de 2008 se reveló un informe de las Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, en el que alertaba del crecimiento de cultivos de cocaína en el país durante 2007. Mientras que en 2006 los cultivos comprendían 78.000 hectáreas sembradas, en 2007 aumentaron a 99.000. Sin embargo, con la prohibición, producción y trafico de drogas se formaron carteles clandestinos armados. Durante la década de 1980, al incrementarse la demanda, los carteles se expandieron y se organizaron en grupos criminales de mayor envergadura usualmente liderados por uno o más capos como fue el caso del Cartel de Medellín o con un liderazgo confederado tal como sucedió con el Cartel de Cali o el Cartel del Norte del Valle. Algunas
de estas organizaciones criminales emprendieron guerras contra el Estado al tratar de evitar los tratados de extradición con Estados Unidos y cometieron actos terroristas contra la población civil, actos que se extendieron con la guerra entre carteles. Ya en las décadas de 1990 y 2000 varios de estos carteles consolidaron una infiltración en las instituciones del Estado al tiempo que consolidaban igualmente las alianzas con grupos al margen de la ley incluidas guerrillas y paramilitares. LA BONANZA MARIMBERA. La bonanza marimbera fue una economía agraria entre 1976 – 1985 que abrió las puertas a la cocaína y a la heroína en Colombia, Los norteamericanos descubrieron las cualidades de la Marihuana de la sierra nevada de Santa Marta y se convirtieron en traficantes de esta. El negocio de la Marihuana se modernizó en Magdalena, César y Guajira por la mafia norteamericana, los agricultores de la costa norte colombiana tuvieron una gran acogida frente a la Bonanza, ya que coincidió con una fuerte crisis en los cultivos de algodón, la ''Ventanilla Siniestra'' en el gobierno de López Michelsen fue un mecanismo que permitió cambiar dólares por pesos sin tener en cuenta el origen de tal dinero, el estado institucionalizó el lavado de dólares producto del tráfico de la Marihuana e incluso de la Cocaína; Por su parte la élite colombiana ayudó a lavar fortunas por medio de la inversión de negocios ilícitos. La bonanza marimbera fue un período corto comparado con el negocio de la Cocaína, pues los colombianos no tuvieron mayor información sobre las rutas, sobre el comercio o sobre las redes de distribución, el volumen de la Marihuana era muy grande y su transporte era costoso comparado con las ganancias que dejaba, Los norteamericanos comenzaron a cultivar Marihuana en cultivos hidropónicos, el ciclo y los consumidores cambiaron y empezaron a preferir drogas más fuertes como la Cocaína.
Durante el año 2002 realizamos un viaje por las estribaciones de la cara norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre los municipios de Río Ancho y Palomino, ubicados sobre la _Troncal del Caribe_, carretera que comunica a Santa Marta con Riohacha. Preguntando a algunas personas, la mayoría colonos venidos del interior del país, sobre la historia reciente del lugar, nos llamó la atención que muchos de los relatos giraban alrededor de la bonanza marimbera, una época
comprendida entre mediados de los setenta y comienzos de los ochenta del siglo
XX, durante la cual la Sierra Nevada se convirtió en el principal centro productor
de marihuana del país. Algunos con quienes hablamos habían llegado a la región detrás del negocio de la marihuana, atraídos por la prosperidad que prometía la bonanza y la ilusión de hacerse a una vida mejor. Los relatos evocaban unos años de abundancia y derroche, pero también de conflictos violentos que dejaban muertos a diario: invasiones de los colonos a las grandes haciendas del litoral y desplazamientos forzosos de indígenas de la Sierra para apropiarse de sus tierras y sembrar allí la marihuana, enfrentamientos entre _marimberos _guajiros y _cachacos _por el control del tráfico y delincuencia común, entre otros1. Los problemas tendían a agudizarse por la poca legitimidad de instituciones del Estado en la zona como el ejército y la policía, que son muy recordados por sus abusos permanentes y la corrupción generalizada.
Entre las historias de la época de la bonanza, que se fueron multiplicando durante nuestra permanencia allí, nos interesó particularmente una. En parte porque era la primera vez que oíamos hablar de ella, pero sobre todo por que se trataba de un fenómeno de violencia cuya explicación parecía encontrarse mucho más allá de la bonanza marimbera. Se trataba de un conflicto entre dos familias oriundas de Dibulla, un pueblo de La Guajira ubicado sobre el mar Caribe, a unos 50 kilómetros al sur occidente de Riohacha. Casi todos con quienes hablamos en ese entonces tenían algo que decir sobre la _guerra de los Cárdenas y Valdeblánquez_, como es conocido el conflicto en toda la región. Las versiones eran muy parecidas y se referían siempre a la historia de dos familias guajiras, que por muchos años fueron protagonistas de enfrentamientos sangrientos, dejando en estos cientos de muertos. Aunque algunos sostenían que todavía sobrevivían algunos de uno u otro lado, el consenso general era que ambas familias habían desaparecido por completo. También se decía que tanto los Cárdenas como los Valdeblánquez habían sido grandes _marimberos_, llegando a adquirir gigantescas sumas de dinero durante la bonanza, las cuales utilizaban para costear la _guerra_. Sin embargo, al preguntar por las causas del conflicto, la respuesta era siempre la misma y giraba en torno al hecho que eran guajiros que se mataban por “leyes guajiras” propias de los indígenas wayúu. Fue imposible durante ese viaje ahondar más en el tema, pues las versiones venían de boca de colonos campesinos del interior, cuya percepción sobre los guajiros era la de unos seres de naturaleza violenta que habitaban un territorio donde prevalecían costumbres indígenas, las cuales explicaban por sí solas un conflicto como el de los Cárdenas y Valdeblánquez. La cosa quedó así por cerca de un año, luego del cual decidimos plantear el conflicto de los Cárdenas y Valdeblánquez como un posible tema de monografía de grado, debido a un interés por estudiar a fondo un fenómeno de violencia concreto sucedido en una coyuntura histórica específica, como lo fue la bonanza marimbera. Sin embargo, nos encontramos en ese momento con varios obstáculos que nos revelaron la dificultad y complejidad de la investigación. En primer lugar, estaba el problema de la viabilidad, si se quiere “física”, de la misma. Con las versiones que teníamos quedaba poco o nada claro. Nos preocupaba el hecho de que se afirmara que no había sobrevivido nadie, lo que generaba una inquietud sobre si podríamos acceder a fuentes de primera mano sobre el conflicto. Por otro lado, si encontrábamos “sobrevivientes”, se trataba de una historia espinosa episodios y era de esperarse una aversión natural a tocar el tema por parte de estos y aquellos que hubiesen tenido algo que ver con el conflicto. Estaba además la barrera infranqueable que implica ser _cachacos _indagando entre costeños, lo cual, por cierto, pudimos comprobar a cabalidad durante el trabajo de campo. Por último, aunque habíamos estado anteriormente en la costa y teníamos algunos vínculos de amistad con personas que nos podían ayudar en el transcurso de nuestro trabajo, no conocíamos a nadie en Dibulla y éramos conscientes de que la situación inestable de orden público podía significar en algún momento un obstáculo mayor para la investigación2. Por suerte no tuvimos ningún problema al respecto y en cuanto a nuestra estadía en Dibulla, una afortunada casualidad hizo que el trabajo allí fuera altamente productivo. Conocimos en Santa Marta a un médico bogotano que años atrás había vivido en este pueblo, quien nos recomendó con algunos dibulleros y además nos prestó su casa que todavía conservaba allí. El haber llegado a Dibulla de su parte fue recibido por los dibulleros como una relación de parentesco con el médico –del que terminamos siendo _sobrinos_-, que como veremos más adelante, fue fundamental en nuestro trabajo. 1 _Cachaco _es el término con el que el habitante de la Costa Atlántica colombiana suele denominar a todo aquel que proviene o es oriundo del interior del país. _Marimbero _fue el término acuñado durante la bonanza marimbera para designar a quienes se vincularon a la producción y/o comercialización de la marihuana. Revista alternativa, 20-27 de noviembre 1978 Fragmento introductorio de: Simón Uribe y Nicolás Cárdenas, “La Guerra de los Cárdenas y los Valde blánquez: Estudio de un conflicto mestizo en La Guajira” LA GUERRA
El 16 de agosto de 1970, José Antonio “Toño” Cárdenas, mató a Hilario Valdeblánquez. Los Cárdenas y Valdeblánquez, hasta ese momento vecinas de Dibulla y quienes compartían negocios con los indígenas de la Sierra Nevada, se enfrascaron en una venganza de sangre despiadada y dolorosa. Los titulares sobre ella empezaron a figurar con decisión hacia 1974, fecha aproximada del boom del cultivo de marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta. Elementos como la bonanza marimbera, las mafias, el honor, los wayúu, La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta usualmente fueron relacionados con el conflicto. La historia, si acaso ha terminado, pareció tener un triste fin en 1989 con la muerte de Hugo Nelson Cárdenas Cárdenas. Hugo, de 13 años, esperaba el bus para ir a su colegio en Santa Marta. La guerra de los Cárdenas y los Valdeblánquez fue tal vez el caso más sonado, sino el único, de conflictos entre familias en La Guajira. Las familias Pinto y Gómez, conocidos popularmente como los _Gavilanes_, fueron protagonistas de otro cruento y sonado conflicto entre familias ocurrido en Riohacha _Diario del Caribe_, Barranquilla, abril 13, 1989. ZONA DE ESTUDIO
PRENSA
6.2 CAPÍTULO2: IDENTIFICAR LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE EL NARCOTRÁFICO Y EL PARAMILITARISMO EN LA DÉCADA DE LOS 90 El surgimiento de la relación paramilitarismo-narcotráfico. La seria amenaza de extradición hacia Norteamérica, y el rechazo por parte de muchos sectores de la sociedad colombiana a negociar, es lo que hace que los miembros de las organizaciones criminales decidan empezar a “legitimar” sus actuaciones y de esta forma ingresar a la sociedad.
Para tal efecto, existían diferentes medios para que los narcotraficantes lograran alcanzar dicho objetivo, uno de ellos fue la incorporación directa, cuyo instrumento indispensable era la corrupción, eficiente para la compra de la conciencia de los ciudadanos, los funcionarios judiciales y de todo aquel que pudiera servir para su propósito, de cierta forma ésta fue aplicada en mayor medida por los miembros del Cartel de Cali. Por otra parte estaba la manera indirecta, ejecutada por el Cartel de Medellín, evidentemente más recatada que la anterior, “la que consistía en la
“legitimación territorial”, mediante la compra de tierras y haciendas en el
Magdalena Medio, Córdoba y los Llanos Orientales, que con el tiempo se convirtieron en una inversión segura, grandes centros de concentración de poder cuyo principal elemento eran las alianzas de tres frentes: traficantes, importantes terratenientes, y finalmente mandos bajos y medios de las fuerzas militares, los cuales encontraron en esta unión una efectiva respuesta al incesante problema de la insurgencia”45.
Es de esta forma como la mafia encuentra la legitimación social y política en las distintas poblaciones al estructurar planes de contrainsurgencia, debido al profundo rechazo que experimentan los grandes terratenientes en contra de la delincuencia común, los insurgentes y los grupos sociales que buscan expresarse políticamente fuera de los partidos tradicionales, ya que todos estos grupos, para las cabezas del poder en las distintas regiones, constituían un enemigo común cuyo objetivo era “destruir el orden social del cual ellos se lucraban desde tiempo atrás”. El paramilitarismo se convierte en un instrumento para que los narcotraficantes pudieran ingresar a las comunidades con la aprobación de las mismas, puesto que fueron ellos, los que pusieron a su disposición los medios para lograr la tranquilidad que en cierta forma les había sido arrebatada por la acción de los grupos guerrilleros.
45 UPRIMNY, Rodrigo, El “laboratorio” colombiano: Narcotráfico, poder y administración de justicia. En Caleidoscopio de las justicias, Bogotá, Siglo del Hombre editores, 1997.
La nueva forma delictiva, fue interpretada por algunos, como un medio para garantizar la seguridad que en cierta forma se consideraba como si estuviese ausente, debido a la falta de presencia del Estado en muchas regiones del país que no representaban importancia para los distintos gobiernos, y por ello condenaban a esas regiones a no tener una participación activa en la escena social, política y económica del país que fuera más allá del papel en donde se encontraba consignada la Constitución. Esta organización delincuencial es la responsable de innumerables persecuciones políticas y masacres como la de los miembros de la Unión
Patriótica, maestros, líderes sindicales, intelectuales, periodistas como
Guillermo Cano director del diario El Espectador, de pensamientos independientes y decididos a investigar y denunciar las acciones de este flagelo que cada vez cobraba más incidencia en la descomposición social. En este período de la historia la lucha contra el narcotráfico, por parte de la normatividad fue bastante errática, por el enfrentamiento entre el poder judicial y el ejecutivo, lo cual a largo plazo “no impidió que la Corte Suprema de Justicia, legitimara una serie de decisiones de corte autoritario provenientes del Gobierno”47. Es así como finalmente el 27 de Enero de 1988 se expide el Decreto 180 denominado como el Estatuto de Defensa de la Democracia, que surge a raíz de asesinato del Procurador Carlos Mauro Hoyos, medida que principalmente buscaba “criminalizar los delitos políticos y las protestas sociales subsumiéndolas dentro del terrorismo”. En este nuevo estatuto, se introducen normas que penalizan actividades
típicamente realizadas por los grupos guerrilleros, por ejemplo todo aquello que atacara o pusiera en peligro la vida, la integridad física, la libertad de las Personas, las edificaciones, el transporte, conducción de combustibles y Energía: dicha penalización se debe a que la actividad subversiva y el Narcotráfico, fueron equiparados como enemigos de todo lo concerniente a la seguridad nacional. Alias Don Diego
Alias rasguño
Alias Don Alfonso Paz Ever Veloza Alias HH 47 SARMIENTO, Eduardo. 6.3CAPÍTULO 3: OBSERVAR CUÁLES FUERON LAS CONSECUENCIAS GENERALES QUE TUVO LA SOCIEDAD COLOMBIANA, A RAÍZ DE LAS REFORMAS QUE SE HICIERON SOBRE LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES EN ESE PERIODO.
Consecuencias
generales que tuvo Colombia a raíz de las reformas. Durante los últimos años, Colombia ha librado una lucha decidida e integral contra el fenómeno de las drogas ilícitas. Los esfuerzos y los costos han sido enormes; de los primeros dan testimonio los múltiples instrumentos legales puestos en práctica, los compromisos internacionales asumidos, los permanentes operativos policiales y militares y las muchas decisiones judiciales adoptadas; los segundos resultan de sumar las ingentes y cada vez mayores cantidades de recursos oficiales dedicados a este fin, el gran impacto que sobre muchas de las actividades económicas ordinarias ha tenido la industria del narcotráfico, el deterioro de la moral de muchos funcionarios que han sucumbido ante la coacción o la corrupción y, lo que es más lamentable, las vidas de todos los policías, soldados, jueces, periodistas y demás personas de bien que han caído en esta lucha.
El
fenómeno de las drogas ilícitas representa una amenaza para la sociedad y para la institucionalidad democrática, no sólo en nuestro país, sino en la comunidad internacional. Por eso Colombia ha venido planteando y exigiendo una lucha decidida e integral, fundada en el principio de corresponsabilidad. El problema demanda acciones de la comunidad internacional por ser un fenómeno transnacional y complejo, a fin de dar solución actividades como el contrabando y el desvío de insumos químicos, el cultivo, el procesamiento, la distribución, el consumo de drogas, el lavado de activos y el comercio clandestino de armas. Es así como las acciones que Colombia viene realizando para solucionar
Este problema responde a la política trazada por el Gobierno Nacional yal desarrollo de los compromisos adquiridos por el país con la comunidad internacional. En el plano interno, los compromisos adquiridos en virtud de la mencionada convención se presentan en el “Plan Nacional de Lucha2contra las Drogas: Colombia 1998 - 2002”, con base en los principios de la Constitución de 1991 que busca impulsar los postulados de equidad, apertura democrática, descentralización, autogestión, convivencia ciudadana y planeación participativa. 6.4CAPÍTULO 4: CONSTITUCIÓN POLÍTICA 1991 Con la muerte de Luis Carlos Galán, candidato a la Presidencia de Colombia asesinado en campaña electoral; muchos grupos de universitarios promovieron la consulta al constituyente primario sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Luego de obtener una masiva respuesta, el presidente de Colombia Virgilio Barco por medio de un Decreto de estado de sitio dio vía libre a la convocatoria de la asamblea.
El 2 de Agosto de 1990 el gobierno y los representantes del Partido Social
Conservador, el Movimiento Salvación Nacional y el M-19 firmaron un documento donde se delimitaban los temas de la reforma, el periodo de duración de la asamblea y el número de delegatarios. Durante la asamblea se desarrolló la Constitución en cada una de las comisiones como un consenso social con la participación de todos los grupos, incluyendo a las minorías, como los grupos indígenas, pues lo que se quería y se hizo fue hacer una Carta idealista con principios democráticos en donde toda la sociedad fuera vista en igualdad de condiciones con la meta de obtener una paz que hasta el día de hoy ha sido esquiva. De los temas vinculados con la política criminal, el de la extradición fue uno de los que fracasó en la reforma que había propuesto Barco, pues fue prohibida complementándose con la opinión de los colombianos que según el Centro Nacional de Consultoría fue el 84%86, ya que todos queríamos la paz. Uno de los fundamentos de la política criminal, al negar la extradición de nacionales, esencialmente fue el considerar a la rama judicial como el juez natural para juzgar cualquier delito cometido en materia de narcotráfico, y la obligación del Estado de proteger a sus nacionales, evitando que al extraditarlos tuvieran que enfrentarse en tribunales extranjeros con un idioma desconocido y a tener el proceso en su contra sin la capacidad de defenderse con todas las garantías que ofrece el debido proceso. Esta decisión despertó todo tipo de opiniones, pues algunos afirman, como
Pedro Díaz Arenas, profesor titular de Derecho de la Universidad Nacional; que fue el producto de una presión narcoterrorista, ya que los extraditables temían ir a las cárceles norteamericanas porque allá el trato era muy duro, además no obtenían ningún tipo de privilegios si confesaban sus penas, a diferencia de la política Gaviria. “Si bien el rechazo a la extradición fue una altiva decisión de la Asamblea Nacional Constituyente frente a los Estados Unidos, esto obligó al ejecutivo a excusar y legitimar mediante varias acciones (visitas, ofrecimientos, explicaciones y avisos) la disposición aprobada con la cual “no estaba de acuerdo”. Y no obstante ese acto de rebeldía constituyente, hoy se sabe que por una maniobra subrepticia (mico) los no extraditables pueden ser trasladados como testigos a los Estados
Unidos 87“. Pero para otros el rechazo a la extradición se genera a partir de la búsqueda de un ideal democrático opuesta a los deseos imperialistas de generar Más guerras en todos lados. Por otra parte con base en un sentimiento nacionalista es muy difícil tolerar un derecho penal como prima ratio, como es el norteamericano, en el que las penas son tan duras; que alguien puede ser condenado hasta tres cadenas perpetuas y al final no le van a dar ninguna solución al problema del narcotráfico, debido a que con esto sólo se cambian los actores del delito y no se eliminan, incumpliendo con la función preventiva, rehabilitadora y resocializadora de la pena. Por esta misma razón los constituyentes se opusieron a la pena de muerte, y es cierto, esto sirve para pensar que se debe cambiar el tratamiento al narcotráfico y al consumo de drogas por medio de la prevención y de la educación. La Constitución hizo un reordenamiento a la justicia, que se llevó a cabo en la comisión cuarta, el cual fue duramente trabajado para ser cambiado en la Asamblea General; a manera de ejemplo está el artículo 228, el cual se refería al principio de transparencia al decir que todas las actuaciones de la justicia serían públicas, pero en lugar de esto quedó que la Ley podía hacer excepciones al principio de transparencia, lo que le abrió las puertas a figuras como los jueces sin rostro, a los testigos que no pueden ser contrainterrogados y audiencias privadas. asistencia de apoderado tanto en la investigación como en el juzgamiento, cuando lo que se buscaba era sólo en la fase de juzgamiento; a impugnarlas sentencias condenatorias cuando lo que se buscaba era la consulta de sentencias absolutorias, lo cual era más represivo porque ya no se demostraba la inocencia si no que se buscaba era probar la culpabilidad del absuelto en segunda instancia, siendo el derecho penal un derecho desconfiado que no buscaba la paz y la estabilidad social sino que todos éramos enemigos del Estado.
Se establecieron también principios como el debido proceso, el acceso a la prueba y la presunción de inocencia, principios que sólo quedaron plasmados en el papel, ya que la realidad era diferente; “el sistema estaba inmerso en el mundo del soborno y de la corrupción, ejemplo de esto eran los falsos testigos que se compraban en la calle, los sobornos de los narcotraficantes a los jueces para obtener penas bajas”. Los constituyentes crearon una Constitución diferente pero que no se adaptaba a las necesidades del país, sin tener operancia; siendo desvirtuada por la arbitrariedad 87 DIAZ, Pedro, La Constitución Política Colombiana. Bogotá, Temis, 1992.
por el desconocimiento que se hace de los derechos, por esta razón no es la democracia formal la que debe reinar en la sociedad sino las costumbres democráticas generadas de la convivencia. Hubo otras normas que otorgaban garantías a la sociedad como la que establece el principio del hábeas corpus, “pero debió ser mejor explicado para evitar abusos de las autoridades”. Se creó la figura del Fiscal General para buscar la descongestión del sistema judicial y la eficiencia. Pero lo que los constituyentes no observaron fue la inutilidad de la creación de este tipo de figuras, siendo realmente que el problema ya no es jurídico sino político, pues de nada sirve una justicia con una connotación represiva, si no se observa que el problema está en que quien delinque lo hace como reacción a una consecuencia de índole socio económica, la cual es el deplorable estado económico y humano del país.
La Fiscalía se vinculó al sistema judicial con autonomía funcional, el problema fue el afán de demostrar que esta nueva institución era viable; se comentó como consecuencias del sistema que “su justicia no brinda garantías a los menos favorecidos económicamente hablando, las denuncias y demandas no compensan los daños a la víctima, las decisiones judiciales son lentas, las condenas están lejos de ser ejemplares, reinan la corrupción y la impunidad, se genera irrespeto por el sistema judicial y la pérdida de la confianza en la administración de justicia” EL DECRETO 303 DE 1991 Al terminar la mañana del 25 de Enero de 1991, Diana Turbay y Richard
Becerra eran trasladados por sus captores por sospechas de un allanamiento, cuando llegaron los comandos de la policía élite y se inició un intercambio de disparos que dejó como resultado la muerte de la periodista, hija de un ex presidente de la República. Después de su lamentable final, su madre y muchos grupos de influencia en el país culparon al presidente y al gobierno de Estados Unidos, pues para ellos la presión de este país “hizo que Gaviria demorara la nueva versión de los Decretos para darle más garantías a los narcotraficantes.”54 El gobierno negó esas afirmaciones expidiendo en 72 horas un nuevo Decreto, el 303 en el que se ampliaban las ofertas de libertad y se planteaba la confesión de un delito como requisito imprescindible para la negociación de penas, aboliendo la extradición. 54 CAÑÓN, Luis, El patrón, vida y muerte de Pablo Escobar. Bogotá. Planeta, 2000. Con los Estados de excepción y los Decretos dictados con facultades especiales, la figura del Juez en Colombia paso a ser la de un codecisor; como dice Alejandro Aponte “...Crea supuestos inexistentes, sostiene normas bajo esos presupuestos, construye verdades y avanza como hacedor de la política criminal; tanto más complicado aún: de una política de excepción eficientista”.55 Los anteriores Decretos contrastan con “el caso de 115 campesinos que
trabajaban como jornaleros en una zona rural del municipio de Simití (Bolívar), en un cultivo de coca, donde les ofrecieron pagarles cerca de $ 2.000,oo (dos mil pesos) más de jornal de lo que habitualmente ganaban. La Brigada Móvil del Ejército los capturó el 17 de octubre de 1990 y los acusó de narcotraficantes, lo que ameritó pasarlos a la Jurisdicción de Orden Público, o sea, al reino de los Jueces Sin Rostro. Trasladados a cárceles infrahumanas mientras sus familias morían de hambre, sus procesos no fueron vigilados por ninguna otra instancia de la Justicia.” Luego de esta situación, el valor de la verdad era distinto, puesto que por
Ayudar a los narcotraficantes las normas no se ajustaba a los principios
Generales del sistema penal ni al régimen procesal, yendo en contra de las normas constitucionales. A partir de varios encuentros entre Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más conocidos e importantes de la época en Colombia. Solicitado por el gobierno de Estados Unidos en extradición y el Padre Rafael García Herreros, un sacerdote con mucha trascendencia y recordación en el país por su programa televisivo denominado “El minuto de Dios”, aquel decidió entregarse a las autoridades, imponiendo sus propias condiciones, la primera, que la cárcel quedara ubicada en Envigado, para esto donó una de sus fincas cuyo nombre era la Catedral, también solicitó se formara un comité especial integrado por el Procurador de Antioquia, el Alcalde de envigado, la policía y el ejército quienes sólo tendrían acceso a la cárcel en caso de Motín. Publicado 23rd January 2014 por Unknown 0
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6.1.1.2 DESARROLLO HISTÓRICO DEL NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA. El narcotráfico en Colombia se refiere a la evolución histórica de la producción y distribución de drogas ilícitas de efectos psicotrópicos en Colombia, desde sus inicios hasta la Colombia ha tenido cuatro de los carteles de narcotráfico más poderosos del mundo, que en algunos lugares crearon una nueva clase social e influenciaron grandemente la cultura colombiana. El consumo de cocaína, marihuana y otras drogas había sido parte del estilo de vida de algunas comunidades indígenas a lo largo de América del Sur, pero la demanda mundial de drogas psicoactivas durante las décadas de 1960 y 1970 incrementaron la producción y procesamiento de estas en Colombia. Leyes de prohibición fueron entonces implementadas en los Estados Unidos y en Colombia para sofocar el efecto negativo de las drogas en la sociedad y castigar a quienes las poseyeran, comercializaran o distribuyeran. Desde el establecimiento de la guerra contra las drogas, los Estados Unidos y algunos países europeos han proveído al gobierno colombiano ayuda logística y financiera para implementar planes que permitan combatir el tráfico de drogas. El programa más notable ha sido el polémico Plan Colombia, el cual también está destinado a combatir los grupos armados ilegales calificados por estos países como terroristas, entre ellos paramilitares y guerrillas, que en la década de 1980 empezaron a financiar sus actividades con esta actividad ilícita.
En junio de 2008 se reveló un informe de las Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, en el que alertaba del crecimiento de cultivos de cocaína en el país durante 2007. Mientras que en 2006 los cultivos comprendían 78.000 hectáreas sembradas, en 2007 aumentaron a 99.000. Sin embargo, con la prohibición, producción y trafico de drogas se formaron carteles clandestinos armados. Durante la década de 1980, al incrementarse la demanda, los carteles se expandieron y se organizaron en grupos criminales de mayor envergadura usualmente liderados por uno o más capos como fue el caso del Cartel de Medellín o con un liderazgo confederado tal como sucedió con el Cartel de Cali o el Cartel del Norte del Valle. Algunas
de estas organizaciones criminales emprendieron guerras contra el Estado al tratar de evitar los tratados de extradición PÁGINA 12
con Estados Unidos y cometieron actos terroristas contra la población civil, actos que se extendieron con la guerra entre carteles. Ya en las décadas de 1990 y 2000 varios de estos carteles consolidaron una infiltración en las instituciones del Estado al tiempo que consolidaban igualmente las alianzas con grupos al margen de la ley incluidas guerrillas y paramilitares. LA BONANZA MARIMBERA. La bonanza marimbera fue una economía agraria entre 1976 – 1985 que abrió las puertas a la cocaína y a la heroína en Colombia, Los norteamericanos descubrieron las cualidades de la Marihuana de la sierra nevada de Santa Marta y se convirtieron en traficantes de esta. El negocio de la Marihuana se modernizó en Magdalena, César y Guajira por la mafia norteamericana, los agricultores de la costa norte colombiana tuvieron una gran acogida frente a la Bonanza, ya que coincidió con una fuerte crisis en los cultivos de algodón, la ''Ventanilla Siniestra'' en el gobierno de López Michelsen fue un mecanismo que permitió cambiar dólares por pesos sin tener en cuenta el origen de tal dinero, el estado institucionalizó el lavado de dólares producto del tráfico de la Marihuana e incluso de la Cocaína; Por su parte la élite colombiana ayudó a lavar fortunas por medio de la inversión de negocios ilícitos. La bonanza marimbera fue un período corto comparado con el negocio de la Cocaína, pues los colombianos no tuvieron mayor información sobre las rutas, sobre el comercio o sobre las redes de distribución, el volumen de la Marihuana era muy grande y su transporte era costoso comparado con las ganancias que dejaba, Los norteamericanos comenzaron a cultivar Marihuana en cultivos hidropónicos, el ciclo y los consumidores cambiaron y empezaron a preferir drogas más fuertes como la Cocaína.
Durante el año 2002 realizamos un viaje por las estribaciones de la cara norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre los municipios de Río Ancho y Palomino, ubicados sobre la _Troncal del Caribe_, carretera que comunica a Santa Marta con Riohacha. Preguntando a algunas personas, la mayoría colonos venidos del interior del país, sobre la historia reciente del lugar, nos llamó la atención que muchos de los relatos giraban alrededor de la bonanza marimbera, una época
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comprendida entre mediados de los setenta y comienzos de los ochenta del siglo
XX, durante la cual la Sierra Nevada se convirtió en el principal centro productor
de marihuana del país. Algunos con quienes hablamos habían llegado a la región detrás del negocio de la marihuana, atraídos por la prosperidad que prometía la bonanza y la ilusión de hacerse a una vida mejor. Los relatos evocaban unos años de abundancia y derroche, pero también de conflictos violentos que dejaban muertos a diario: invasiones de los colonos a las grandes haciendas del litoral y desplazamientos forzosos de indígenas de la Sierra para apropiarse de sus tierras y sembrar allí la marihuana, enfrentamientos entre _marimberos _guajiros y _cachacos _por el control del tráfico y delincuencia común, entre otros1. Los problemas tendían a agudizarse por la poca legitimidad de instituciones del Estado en la zona como el ejército y la policía, que son muy recordados por sus abusos permanentes y la corrupción generalizada.
Entre las historias de la época de la bonanza, que se fueron multiplicando durante nuestra permanencia allí, nos interesó particularmente una. En parte porque era la primera vez que oíamos hablar de ella, pero sobre todo por que se trataba de un fenómeno de violencia cuya explicación parecía encontrarse mucho más allá de la bonanza marimbera. Se trataba de un conflicto entre dos familias oriundas de Dibulla, un pueblo de La Guajira ubicado sobre el mar Caribe, a unos 50 kilómetros al sur occidente de Riohacha. Casi todos con quienes hablamos en ese entonces tenían algo que decir sobre la _guerra de los Cárdenas y Valdeblánquez_, como es conocido el conflicto en toda la región. Las versiones eran muy parecidas y se referían siempre a la historia de dos familias guajiras, que por muchos años fueron protagonistas de enfrentamientos sangrientos, dejando en estos cientos de muertos. Aunque algunos sostenían que todavía sobrevivían algunos de uno u otro lado, el consenso general era que ambas familias habían desaparecido por completo. También se decía que tanto los Cárdenas como los Valdeblánquez habían sido grandes _marimberos_, llegando a adquirir gigantescas sumas de dinero durante la bonanza, las cuales utilizaban para costear la _guerra_. Sin embargo, al preguntar por las causas del conflicto, la respuesta era siempre la misma y giraba en torno al hecho que eran guajiros que se mataban por “leyes guajiras” propias de los indígenas wayúu. Fue imposible durante ese viaje ahondar más en el tema, pues las versiones venían de boca de colonos campesinos del interior, cuya percepción sobre los guajiros era la de unos seres de naturaleza violenta que habitaban un territorio donde prevalecían costumbres indígenas, las cuales explicaban por sí solas un conflicto como el de los Cárdenas y Valdeblánquez. La cosa quedó así por cerca de un año, luego del cual decidimos plantear el conflicto de los Cárdenas y Valdeblánquez como un posible tema de monografía de grado, debido a un interés por estudiar a fondo un fenómeno de violencia concreto sucedido en una coyuntura histórica específica, como lo fue la bonanza marimbera. Sin embargo, nos encontramos en ese momento con varios obstáculos que nos revelaron la dificultad y complejidad de la investigación. En primer lugar, estaba el problema de la viabilidad, si se quiere “física”, de la misma. Con las versiones que teníamos quedaba poco o nada claro. Nos preocupaba el hecho de que se afirmara que no había sobrevivido nadie, lo que generaba una inquietud sobre si podríamos acceder a fuentes de primera mano sobre el conflicto. Por otro lado, si encontrábamos “sobrevivientes”, se trataba de una historia espinosa episodios y era de esperarse una aversión natural a tocar el tema por parte de estos y aquellos que hubiesen tenido algo que ver con el conflicto. Estaba además la barrera infranqueable que implica ser _cachacos _indagando entre costeños, lo cual, por cierto, pudimos comprobar a cabalidad durante el trabajo de campo. Por último, aunque habíamos estado anteriormente en la costa y teníamos algunos vínculos de amistad con personas que nos podían ayudar en el transcurso de nuestro trabajo, no conocíamos a nadie en Dibulla y éramos conscientes de que la situación inestable de orden público podía significar en algún momento un obstáculo mayor para la investigación2. Por suerte no tuvimos ningún problema al respecto y en cuanto a nuestra estadía en Dibulla, una afortunada casualidad hizo que el trabajo allí fuera altamente productivo. Conocimos en Santa Marta a un médico bogotano que años atrás había vivido en este pueblo, quien nos recomendó con algunos dibulleros y además nos prestó su casa que todavía conservaba allí. El haber llegado a Dibulla de su parte fue recibido por los dibulleros como una relación de parentesco con el médico –del que terminamos siendo _sobrinos_-, que como veremos más adelante, fue fundamental en nuestro trabajo. 1 _Cachaco _es el término con el que el habitante de la Costa Atlántica colombiana suele denominar a todo aquel que proviene o es oriundo del interior del país. _Marimbero _fue el término acuñado durante la bonanza marimbera para designar a quienes se vincularon a la producción y/o comercialización de la marihuana. Revista alternativa, 20-27 de noviembre 1978 Fragmento introductorio de: Simón Uribe y Nicolás Cárdenas, “La Guerra de los Cárdenas y los Valde blánquez: Estudio de un conflicto mestizo en La Guajira” LA GUERRA
El 16 de agosto de 1970, José Antonio “Toño” Cárdenas, mató a Hilario Valdeblánquez. Los Cárdenas y Valdeblánquez, hasta ese momento vecinas de Dibulla y quienes compartían negocios con los indígenas de la Sierra Nevada, se enfrascaron en una venganza de sangre despiadada y dolorosa. Los titulares sobre ella empezaron a figurar con decisión hacia 1974, fecha aproximada del boom del cultivo de marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta. Elementos como la bonanza marimbera, las mafias, el honor, los wayúu, La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta usualmente fueron relacionados con el conflicto. La historia, si acaso ha terminado, pareció tener un triste fin en 1989 con la muerte de Hugo Nelson Cárdenas Cárdenas. Hugo, de 13 años, esperaba el bus para ir a su colegio en Santa Marta. PÁGINA 16
La guerra de los Cárdenas y los Valdeblánquez fue tal vez el caso más sonado, sino el único, de conflictos entre familias en La Guajira. Las familias Pinto y Gómez, conocidos popularmente como los _Gavilanes_, fueron protagonistas de otro cruento y sonado conflicto entre familias ocurrido en Riohacha _Diario del Caribe_, Barranquilla, abril 13, 1989. ZONA DE ESTUDIO
PRENSA
6.2 CAPÍTULO2: IDENTIFICAR LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE EL NARCOTRÁFICO Y EL PARAMILITARISMO EN LA DÉCADA DE LOS 90 El surgimiento de la relación paramilitarismo-narcotráfico. La seria amenaza de extradición hacia Norteamérica, y el rechazo por parte de muchos sectores de la sociedad colombiana a negociar, es lo que hace que los miembros de las organizaciones criminales decidan empezar a “legitimar” sus actuaciones y de esta forma ingresar a la sociedad.
Para tal efecto, existían diferentes medios para que los narcotraficantes lograran alcanzar dicho objetivo, uno de ellos fue la incorporación directa, cuyo instrumento indispensable era la corrupción, eficiente para la compra de la conciencia de los ciudadanos, los funcionarios judiciales y de todo aquel que pudiera servir para su propósito, de cierta forma ésta fue aplicada en mayor medida por los miembros del Cartel de Cali. Por otra parte estaba la manera indirecta, ejecutada por el Cartel de Medellín, evidentemente más recatada que la anterior, “la que consistía en la
“legitimación territorial”, mediante la compra de tierras y haciendas en el
Magdalena Medio, Córdoba y los Llanos Orientales, que con el tiempo se convirtieron en una inversión segura, grandes centros de concentración de poder cuyo principal elemento eran las alianzas de tres frentes: traficantes, importantes terratenientes, y finalmente mandos bajos y medios de las fuerzas militares, los cuales encontraron en esta unión una efectiva respuesta al incesante problema de la insurgencia”45.
Es de esta forma como la mafia encuentra la legitimación social y política en las distintas poblaciones al estructurar planes de contrainsurgencia, debido al profundo rechazo que experimentan los grandes terratenientes en contra de la delincuencia común, los insurgentes y los grupos sociales que buscan expresarse políticamente fuera de los partidos tradicionales, ya que todos estos grupos, para las cabezas del poder en las distintas regiones, constituían un enemigo común cuyo objetivo era “destruir el orden social del cual ellos se lucraban desde tiempo atrás”. El paramilitarismo se convierte en un instrumento para que los narcotraficantes pudieran ingresar a las comunidades con la aprobación de las mismas, puesto que fueron ellos, los que pusieron a su disposición los medios para lograr la tranquilidad que en cierta forma les había sido arrebatada por la acción de los grupos guerrilleros.
45 UPRIMNY, Rodrigo, El “laboratorio” colombiano: Narcotráfico, poder y administración de justicia. En Caleidoscopio de las justicias, Bogotá, Siglo del Hombre editores, 1997.
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La nueva forma delictiva, fue interpretada por algunos, como un medio para garantizar la seguridad que en cierta forma se consideraba como si estuviese ausente, debido a la falta de presencia del Estado en muchas regiones del país que no representaban importancia para los distintos gobiernos, y por ello condenaban a esas regiones a no tener una participación activa en la escena social, política y económica del país que fuera más allá del papel en donde se encontraba consignada la Constitución. Esta organización delincuencial es la responsable de innumerables persecuciones políticas y masacres como la de los miembros de la Unión
Patriótica, maestros, líderes sindicales, intelectuales, periodistas como
Guillermo Cano director del diario El Espectador, de pensamientos independientes y decididos a investigar y denunciar las acciones de este flagelo que cada vez cobraba más incidencia en la descomposición social. En este período de la historia la lucha contra el narcotráfico, por parte de la normatividad fue bastante errática, por el enfrentamiento entre el poder judicial y el ejecutivo, lo cual a largo plazo “no impidió que la Corte Suprema de Justicia, legitimara una serie de decisiones de corte autoritario provenientes del Gobierno”47. Es así como finalmente el 27 de Enero de 1988 se expide el Decreto 180 denominado como el Estatuto de Defensa de la Democracia, que surge a raíz de asesinato del Procurador Carlos Mauro Hoyos, medida que principalmente buscaba “criminalizar los delitos políticos y las protestas sociales subsumiéndolas dentro del terrorismo”. En este nuevo estatuto, se introducen normas que penalizan actividades
típicamente realizadas por los grupos guerrilleros, por ejemplo todo aquello que atacara o pusiera en peligro la vida, la integridad física, la libertad de las Personas, las edificaciones, el transporte, conducción de combustibles y Energía: dicha penalización se debe a que la actividad subversiva y el Narcotráfico, fueron equiparados como enemigos de todo lo concerniente a la seguridad nacional. o
Alias Don Diego
Alias rasguño
47 SARMIENTO, Eduardo. PÁGINA 24
6.3CAPÍTULO 3: OBSERVAR CUÁLES FUERON LAS CONSECUENCIAS GENERALES QUE TUVO LA SOCIEDAD COLOMBIANA, A RAÍZ DE LAS REFORMAS QUE SE HICIERON SOBRE LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES EN ESE PERIODO.
Consecuencias generales que tuvo Colombia a raíz de las reformas. Durante los últimos años, Colombia ha librado una lucha decidida e integral contra el fenómeno de las drogas ilícitas. Los esfuerzos y los costos han sido enormes; de los primeros dan testimonio los múltiples instrumentos legales puestos en práctica, los compromisos internacionales asumidos, los permanentes operativos policiales y militares y las muchas decisiones judiciales adoptadas; los segundos resultan de sumar las ingentes y cada vez mayores cantidades de recursos oficiales dedicados a este fin, el gran impacto que sobre muchas de las actividades económicas ordinarias ha tenido la industria del narcotráfico, el deterioro de la moral de muchos funcionarios que han sucumbido ante la coacción o la corrupción y, lo que es más lamentable, las vidas de todos los policías, soldados, jueces, periodistas y demás personas de bien que han caído en esta lucha.
El fenómeno de las drogas ilícitas representa una amenaza para la sociedad y para la institucionalidad democrática, no sólo en nuestro país, sino en la comunidad internacional. Por eso Colombia ha venido planteando y exigiendo una lucha decidida e integral, fundada en el principio de corresponsabilidad. El problema demanda acciones de la comunidad internacional por ser un fenómeno transnacional y complejo, a fin de dar solución actividades como el contrabando y el desvío de insumos químicos, el cultivo, el procesamiento, la distribución, el consumo de drogas, el lavado de activos y el comercio clandestino de armas. Es así como las acciones que Colombia viene realizando para solucionar
Este problema responde a la política trazada por el Gobierno Nacional yal desarrollo de los compromisos adquiridos por el país con la comunidad internacional. En el plano interno, los compromisos adquiridos en virtud de la mencionada convención se presentan en el “Plan Nacional de Lucha2contra las Drogas: Colombia 1998 - 2002”, con base en los principios de la Constitución de 1991 que busca impulsar los postulados de equidad, apertura democrática, descentralización, autogestión, convivencia ciudadana y planeación participativa. PÁGINA 25
6.4CAPÍTULO 4: CONSTITUCIÓN POLÍTICA 1991 Con la muerte de Luis Carlos Galán, candidato a la Presidencia de Colombia asesinado en campaña electoral; muchos grupos de universitarios promovieron la consulta al constituyente primario sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Luego de obtener una masiva respuesta, el presidente de Colombia Virgilio Barco por medio de un Decreto de estado de sitio dio vía libre a la convocatoria de la asamblea.
El 2 de Agosto de 1990 el gobierno y los representantes del Partido Social
Conservador, el Movimiento Salvación Nacional y el M-19 firmaron un documento donde se delimitaban los temas de la reforma, el periodo de duración de la asamblea y el número de delegatarios. Durante la asamblea se desarrolló la Constitución en cada una de las comisiones como un consenso social con la participación de todos los grupos, incluyendo a las minorías, como los grupos indígenas, pues lo que se quería y se hizo fue hacer una Carta idealista con principios democráticos en donde toda la sociedad fuera vista en igualdad de condiciones con la meta de obtener una paz que hasta el día de hoy ha sido esquiva. De los temas vinculados con la política criminal, el de la extradición fue uno de los que fracasó en la reforma que había propuesto Barco, pues fue prohibida complementándose con la opinión de los colombianos que según el Centro Nacional de Consultoría fue el 84%86, ya que todos queríamos la paz. Uno de los fundamentos de la política criminal, al negar la extradición de nacionales, esencialmente fue el considerar a la rama judicial como el juez natural para juzgar cualquier delito cometido en materia de narcotráfico, y la obligación del Estado de proteger a sus nacionales, evitando que al extraditarlos tuvieran que enfrentarse en tribunales extranjeros con un idioma desconocido y a tener el proceso en su contra sin la capacidad de defenderse con todas las garantías que ofrece el debido proceso. Esta decisión despertó todo tipo de opiniones, pues algunos afirman, como
Pedro Díaz Arenas, profesor titular de Derecho de la Universidad Nacional; que fue el producto de una presión narcoterrorista, ya que los extraditables temían ir a las cárceles norteamericanas porque allá el trato era muy duro, además no obtenían ningún tipo de privilegios si confesaban sus penas, a diferencia de la política Gaviria. “Si bien el rechazo a la extradición fue una altiva decisión de la Asamblea Nacional Constituyente frente a los Estados Unidos, esto obligó al ejecutivo a excusar y legitimar mediante varias acciones (visitas, ofrecimientos, explicaciones y avisos) la disposición aprobada con la cual “no estaba de acuerdo”. Y no obstante ese acto de rebeldía constituyente, hoy se sabe que por una maniobra subrepticia PÁGINA 26
(mico) los no extraditables pueden ser trasladados como testigos a los Estados
Unidos 87“. Pero para otros el rechazo a la extradición se genera a partir de la búsqueda de un ideal democrático opuesta a los deseos imperialistas de generar Más guerras en todos lados. Por otra parte con base en un sentimiento nacionalista es muy difícil tolerar un derecho penal como prima ratio, como es el norteamericano, en el que las penas son tan duras; que alguien puede ser condenado hasta tres cadenas perpetuas y al final no le van a dar ninguna solución al problema del narcotráfico, debido a que con esto sólo se cambian los actores del delito y no se eliminan, incumpliendo con la función preventiva, rehabilitadora y resocializadora de la pena. Por esta misma razón los constituyentes se opusieron a la pena de muerte, y es cierto, esto sirve para pensar que se debe cambiar el tratamiento al narcotráfico y al consumo de drogas por medio de la prevención y de la educación. La Constitución hizo un reordenamiento a la justicia, que se llevó a cabo en la comisión cuarta, el cual fue duramente trabajado para ser cambiado en la Asamblea General; a manera de ejemplo está el artículo 228, el cual se refería al principio de transparencia al decir que todas las actuaciones de la justicia serían públicas, pero en lugar de esto quedó que la Ley podía hacer excepciones al principio de transparencia, lo que le abrió las puertas a figuras como los jueces sin rostro, a los testigos que no pueden ser contrainterrogados y audiencias privadas. asistencia de apoderado tanto en la investigación como en el juzgamiento, cuando lo que se buscaba era sólo en la fase de juzgamiento; a impugnarlas sentencias condenatorias cuando lo que se buscaba era la consulta de sentencias absolutorias, lo cual era más represivo porque ya no se demostraba la inocencia si no que se buscaba era probar la culpabilidad del absuelto en segunda instancia, siendo el derecho penal un derecho desconfiado que no buscaba la paz y la estabilidad social sino que todos éramos enemigos del Estado.
Se establecieron también principios como el debido proceso, el acceso a la prueba y la presunción de inocencia, principios que sólo quedaron plasmados en el papel, ya que la realidad era diferente; “el sistema estaba inmerso en el mundo del soborno y de la corrupción, ejemplo de esto eran los falsos testigos que se compraban en la calle, los sobornos de los narcotraficantes a los jueces para obtener penas bajas”. Los constituyentes crearon una Constitución diferente pero que no se adaptaba a las necesidades del país, sin tener operancia; siendo desvirtuada por la arbitrariedad 87 DIAZ, Pedro, La Constitución Política Colombiana. Bogotá, Temis, 1992.
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por el desconocimiento que se hace de los derechos, por esta razón no es la democracia formal la que debe reinar en la sociedad sino las costumbres democráticas generadas de la convivencia. Hubo otras normas que otorgaban garantías a la sociedad como la que establece el principio del hábeas corpus, “pero debió ser mejor explicado para evitar abusos de las autoridades”. Se creó la figura del Fiscal General para buscar la descongestión del sistema judicial y la eficiencia. Pero lo que los constituyentes no observaron fue la inutilidad de la creación de este tipo de figuras, siendo realmente que el problema ya no es jurídico sino político, pues de nada sirve una justicia con una connotación represiva, si no se observa que el problema está en que quien delinque lo hace como reacción a una consecuencia de índole socio económica, la cual es el deplorable estado económico y humano del país.
La Fiscalía se vinculó al sistema judicial con autonomía funcional, el problema fue el afán de demostrar que esta nueva institución era viable; se comentó como consecuencias del sistema que “su justicia no brinda garantías a los menos favorecidos económicamente hablando, las denuncias y demandas no compensan los daños a la víctima, las decisiones judiciales son lentas, las condenas están lejos de ser ejemplares, reinan la corrupción y la impunidad, se genera irrespeto por el sistema judicial y la pérdida de la confianza en la administración de justicia” EL DECRETO 303 DE 1991 Al terminar la mañana del 25 de Enero de 1991, Diana Turbay y Richard
Becerra eran trasladados por sus captores por sospechas de un allanamiento, cuando llegaron los comandos de la policía élite y se inició un intercambio de disparos que dejó como resultado la muerte de la periodista, hija de un ex presidente de la República. Después de su lamentable final, su madre y muchos grupos de influencia en el país culparon al presidente y al gobierno de Estados Unidos, pues para ellos la presión de este país “hizo que Gaviria demorara la nueva versión de los Decretos para darle más garantías a los narcotraficantes.”54 El gobierno negó esas afirmaciones expidiendo en 72 horas un nuevo Decreto, el 303 en el que se ampliaban las ofertas de libertad y se planteaba la confesión de un delito como requisito imprescindible para la negociación de penas, aboliendo la extradición. 54 CAÑÓN, Luis, El patrón, vida y muerte de Pablo Escobar. Bogotá. Planeta, 2000. PÁGINA 28
Con los Estados de excepción y los Decretos dictados con facultades especiales, la figura del Juez en Colombia paso a ser la de un codecisor; como dice Alejandro Aponte “...Crea supuestos inexistentes, sostiene normas bajo esos presupuestos, construye verdades y avanza como hacedor de la política criminal; tanto más complicado aún: de una política de excepción eficientista”.55 Los anteriores Decretos contrastan con “el caso de 115 campesinos que
trabajaban como jornaleros en una zona rural del municipio de Simití (Bolívar), en un cultivo de coca, donde les ofrecieron pagarles cerca de $ 2.000,oo (dos mil pesos) más de jornal de lo que habitualmente ganaban. La Brigada Móvil del Ejército los capturó el 17 de octubre de 1990 y los acusó de narcotraficantes, lo que ameritó pasarlos a la Jurisdicción de Orden Público, o sea, al reino de los Jueces Sin Rostro. Trasladados a cárceles infrahumanas mientras sus familias morían de hambre, sus procesos no fueron vigilados por ninguna otra instancia de la Justicia.” Luego de esta situación, el valor de la verdad era distinto, puesto que por
Ayudar a los narcotraficantes las normas no se ajustaba a los principios
Generales del sistema penal ni al régimen procesal, yendo en contra de las normas constitucionales. A partir de varios encuentros entre Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más conocidos e importantes de la época en Colombia. Solicitado por el gobierno de Estados Unidos en extradición y el Padre Rafael García Herreros, un sacerdote con mucha trascendencia y recordación en el país por su programa televisivo denominado “El minuto de Dios”, aquel decidió entregarse a las autoridades, imponiendo sus propias condiciones, la primera, que la cárcel quedara ubicada en Envigado, para esto donó una de sus fincas cuyo nombre era la Catedral, también solicitó se formara un comité especial integrado por el Procurador de Antioquia, el Alcalde de envigado, la policía y el ejército quienes sólo tendrían acceso a la cárcel en caso de Motín. Publicado 23rd January 2014 por Unknown 0
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6.1. CAPÍTULO 1: DESCRIBIR EL ORIGEN DEL PARA MILITARISMO Y EL NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA EN LA DÉCADA DE LOS 90. 6.1.1.1 El PARAMILITARISMO EN COLOMBIA
hace referencia principalmente al fenómeno histórico relacionado con el accionar de grupos armados ilegales de extrema derecha organizados a partir de la década de los setentas con el fin de combatir a los grupos armados de extrema izquierda (guerrillas colombianas). Estos grupos paramilitares, también denominados AUTODEFENSAS, se extendieron por diversas regiones del territorio nacional con la participación de ricos hacendados, colonos y pequeños industriales. En la década de los noventas , diversos grupos
paramilitares conformaron de una entidad mayor, de influencia nacional, denominada Autodefensas Unidas de Colombia (bajo
la sigla AUC).
En la génesis y desarrollo histórico de los grupos paramilitares estuvieron involucrados agentes del Estado como policías y militares,1
además
de representantes políticos y de otros sectores de la sociedad. Dicha participación desembocaría en el escándalo judicial y político que se denominó Parapolítica , en la primera
década del siglo XXI . Las autodefensas, que en principio se constituyeron como grupos armados para defenderse de las agresiones guerrilleras y en muchas ocasiones como una estrategia anti-insurgente desde diversas instituciones del Estado colombiano, pasaron a ser ellas mismas actores armados independientes de gran influencia. Así mismo, los grupos paramilitares se involucraron directamente con mafias de la droga y
cometieron actos atroces contra la población civil como masacres y expulsión de sus regiones, fenómeno conocido como "desplazamiento forzado". Muchos de sus máximos jefes fueron pedidos en extradición por el gobierno de los Estados Unidos por sus vínculos con el tráfico de drogas. Entre los años 2002 y 2006, se adelantó un proceso de desmovilización de los paramilitares a
gran escala, impulsado y apoyado desde el gobierno colombiano. Posterior a esto, han surgido diversos grupos, también llamados _Bandas Emergentes_ o _Bacrim_ (acrónimo de BAndas CRIMinales), entre las que destacan las Águilas Negras . Estos grupos
emergentes se han conformado como mafias y grupos sicariales al servicio de mafias narcotraficantes y son propuestos por algunos analistas como descendientes directos del paramilitarismo. Sin embargo, debido a los tipos de acciones de dichos grupos emergentes, se ha cuestionado si puedan clasificarse con el término "paramilitares".
ORÍGENES
El conflicto armado en Colombia tiene su antecedente inmediato en las guerrillas liberales surgidas como reacción a la persecución política iniciada por el gobierno del Partido Conservador (1946 -1953 ). El detonante de los movimientos de resistencia ocurrieron el 9 de abril de 1948 , cuando el candidato liberal Jorge Eliécer Gaitán fue
asesinado, hecho que dio origen a una revuelta popular conocida como "_El Bogotazo_ " y a un largo periodo de enfrentamientos entre liberales y conservadores que dejó un saldo de por lo menos 300 mil muertos. Tras un periodo de régimen militar de cuatro años (1953 -1957
) producto de un golpe de Estado apoyado por los
conservadores, el Partido Conservador y el Liberal formaron el Frente Nacional , un acuerdo político que les permitió alternarse en el poder durante 16 años dejando al margen a otras fuerzas políticas. 6.1.1.2 DESARROLLO HISTÓRICO DEL NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA. Pablo escobar
El narcotráfico en Colombia se refiere a la evolución histórica de la producción y distribución de drogas ilícitas de efectos psicotrópicos en Colombia, desde sus inicios hasta la actualidad. Colombia
ha tenido cuatro de los carteles de narcotráfico más poderosos del mundo, que en algunos lugares crearon una nueva clase social e influenciaron grandemente la cultura colombiana. El consumo de cocaína, marihuana y otras drogas había sido parte del estilo de vida de algunas comunidades indígenas a lo largo de América del Sur, pero la demanda mundial de drogas psicoactivas durante las décadas de 1960 y 1970 incrementaron la producción y procesamiento de estas en Colombia. Leyes de prohibición fueron entonces implementadas en los Estados Unidos y en Colombia para sofocar el efecto negativo de las drogas en la sociedad y castigar a quienes las poseyeran, comercializaran o distribuyeran. Desde el establecimiento de la guerra contra las drogas, los Estados Unidos y algunos países europeos han proveído al gobierno colombiano ayuda logística y financiera para implementar planes que permitan combatir el tráfico de drogas. El programa más notable ha sido el polémico Plan Colombia, el cual también está destinado a combatir los grupos armados ilegales calificados por estos países como terroristas, entre ellos paramilitares y guerrillas, que en la década de 1980 empezaron a financiar sus actividades con esta actividad ilícita.
En junio de 2008 se reveló un informe de las Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito, en el que alertaba del crecimiento de cultivos de cocaína en el país durante 2007. Mientras que en 2006 los cultivos comprendían 78.000 hectáreas sembradas, en 2007 aumentaron a 99.000. Sin embargo, con la prohibición, producción y trafico de drogas se formaron carteles clandestinos armados. Durante la década de 1980, al incrementarse la demanda, los carteles se expandieron y se organizaron en grupos criminales de mayor envergadura usualmente liderados por uno o más capos como fue el caso del Cartel de Medellín o con un liderazgo confederado tal como sucedió con el Cartel de Cali o el Cartel del Norte del Valle. Algunas
de estas organizaciones criminales emprendieron guerras contra el Estado al tratar de evitar los tratados de extradición con Estados Unidos y cometieron actos terroristas contra la población civil, actos que se extendieron con la guerra entre carteles. Ya en las décadas de 1990 y 2000 varios de estos carteles consolidaron una infiltración en las instituciones del Estado al tiempo que consolidaban igualmente las alianzas con grupos al margen de la ley incluidas guerrillas y paramilitares. LA BONANZA MARIMBERA. La bonanza marimbera fue una economía agraria entre 1976 – 1985 que abrió las puertas a la cocaína y a la heroína en Colombia, Los norteamericanos descubrieron las cualidades de la Marihuana de la sierra nevada de Santa Marta y se convirtieron en traficantes de esta. El negocio de la Marihuana se modernizó en Magdalena, César y Guajira por la mafia norteamericana, los agricultores de la costa norte colombiana tuvieron una gran acogida frente a la Bonanza, ya que coincidió con una fuerte crisis en los cultivos de algodón,la ''Ventanilla Siniestra'' en el gobierno de López Michelsen fue un mecanismo que permitió cambiar dólares por pesos sin tener en cuenta el origen de tal dinero, el estado institucionalizó el lavado de dólares producto del tráfico de la Marihuana e incluso de la Cocaína; Por su parte la élite colombiana ayudó a lavar fortunas por medio de la inversión de negocios ilícitos. La bonanza marimbera fue un período corto comparado con el negocio de la Cocaína, pues los colombianos no tuvieron mayor información sobre las rutas, sobre el comercio o sobre las redes de distribución, el volumen de la Marihuana era muy grande y su transporte era costoso comparado con las ganancias que dejaba, Los norteamericanos comenzaron a cultivar Marihuana en cultivos hidropónicos, el ciclo y los consumidores cambiaron y empezaron a preferir drogas más fuertes como la Cocaína.
Durante el año 2002 realizamos un viaje por las estribaciones de la cara norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, entre los municipios de Río Ancho y Palomino, ubicados sobre la _Troncal del Caribe_, carretera que comunica a Santa Marta con Riohacha. Preguntando a algunas personas, la mayoría colonos venidos del interior del país, sobre la historia reciente del lugar, nos llamó la atención que muchos de los relatos giraban alrededor de la bonanza marimbera, una época
comprendida entre mediados de los setenta y comienzos de los ochenta del siglo
XX, durante la cual la Sierra Nevada se convirtió en el principal centro productor
de marihuana del país. Algunos con quienes hablamos habían llegado a la región detrás del negocio de la marihuana, atraídos por la prosperidad que prometía la bonanza y la ilusión de hacerse a una vida mejor. Los relatos evocaban unos años de abundancia y derroche, pero también de conflictos violentos que dejaban muertos a diario: invasiones de los colonos a las grandes haciendas del litoral y desplazamientos forzosos de indígenas de la Sierra para apropiarse de sus tierras y sembrar allí la marihuana, enfrentamientos entre _marimberos _guajiros y _cachacos _por el control del tráfico y delincuencia común, entre otros1. Los problemas tendían a agudizarse por la poca cadena calle.pnglegitimidad de instituciones del Estado en la zona como el ejército y la policía, que son muy recordados por sus abusos permanentes y la corrupción generalizada. c
Entre las historias de la época de la bonanza, que se fueron multiplicando durante nuestra permanencia allí, nos interesó particularmente una. En parte porque era la primera vez que oíamos hablar de ella, pero sobre todo por que se trataba de un fenómeno de violencia cuya explicación parecía encontrarse mucho más allá de la bonanza marimbera. Se trataba de un conflicto entre dos familias oriundas de Dibulla, un pueblo de La Guajira ubicado sobre el mar Caribe, a unos 50 kilómetros al sur occidente de Riohacha. Casi todos con quienes hablamos en ese entonces tenían algo que decir sobre la _guerra de los Cárdenas y Valdeblánquez_, como es conocido el conflicto en toda la región. Las versiones eran muy parecidas y se referían siempre a la historia de dos familias guajiras, que por muchos años fueron protagonistas de enfrentamientos sangrientos, dejando en estos cientos de muertos. Aunque algunos sostenían que todavía sobrevivían algunos de uno u otro lado, el consenso general era que ambas familias habían desaparecido por completo. También se decía que tanto los Cárdenas como los Valdeblánquez habían sido grandes _marimberos_, llegando a adquirir gigantescas sumas de dinero durante la bonanza, las cuales utilizaban para costear la _guerra_. Sin embargo, al preguntar por las causas del conflicto, la respuesta era siempre la misma y giraba en torno al hecho que eran guajiros que se mataban por “leyes guajiras” propias de los indígenas wayúu. Fue imposible durante ese viaje ahondar más en el tema, pues las versiones venían de boca de colonos campesinos del interior, cuya percepción sobre los guajiros era la de unos seres
de naturaleza violenta que habitaban un territorio donde prevalecían costumbres indígenas, las cuales explicaban por sí solas un conflicto como el de los Cárdenas y Valdeblánquez. La cosa quedó así por cerca de un año, luego del cual decidimos plantear el conflicto de los Cárdenas y Valdeblánquez como un posible tema de monografía de grado, debido a un interés por estudiar a fondo un fenómeno de violencia concreto sucedido en una coyuntura histórica específica, como lo fue la bonanza marimbera. Sin embargo, nos encontramos en ese momento con varios obstáculos que nos revelaron la dificultad y complejidad de la investigación. En primer lugar, estaba el problema de la viabilidad, si se quiere “física”, de la misma. Con las versiones que teníamos quedaba poco o nada claro. Nos preocupaba el hecho de que se afirmara que no había sobrevivido nadie, lo que generaba una inquietud sobre si podríamos acceder a fuentes de primera mano sobre el conflicto. Por otro lado, si encontrábamos “sobrevivientes”, se trataba de una historia espinosa episodios y era de esperarse una aversión natural a tocar el tema por parte de estos y aquellos que hubiesen tenido algo que ver con el conflicto. Estaba además la barrera infranqueable que implica ser _cachacos _indagando entre costeños, lo cual, por cierto, pudimos comprobar a cabalidad durante el trabajo de campo. Por último, aunque habíamos estado anteriormente en la costa y teníamos algunos vínculos de amistad con personas que nos podían ayudar en el transcurso de nuestro trabajo, no conocíamos a nadie en Dibulla y éramos conscientes de que la situación inestable de orden público podía significar en algún momento un obstáculo mayor para la investigación2. Por suerte no tuvimos ningún problema al respecto y en cuanto a nuestra estadía en Dibulla, una afortunada casualidad hizo que el trabajo allí fuera altamente productivo. Conocimos en Santa Marta a un médico bogotano que años atrás había vivido en este pueblo, quien nos recomendó con algunos dibulleros y además nos prestó su casa que todavía conservaba allí. El haber llegado a Dibulla de su parte fue recibido por los dibulleros como una relación de parentesco con el médico –del que terminamos siendo _sobrinos_-, que como veremos más adelante, fue fundamental en nuestro trabajo.
1 _Cachaco _es el término con el que el habitante de la Costa Atlántica colombiana suele denominar a todo aquel que proviene o es oriundo del interior del país. _Marimbero _fue el término acuñado durante la bonanza marimbera para designar a quienes se vincularon a la producción y/o comercialización de la marihuana. _Revista
Alternativa_, 20-27 de noviembre, 1978. Fragmento introductorio de: Simón Uribe y Nicolás Cárdenas, “La Guerra de los Cárdenas y los Valdeblánquez: Estudio de un conflicto mestizo en La Guajira” LA GUERRA
El 16 de agosto de 1970, José Antonio “Toño” Cárdenas, mató a Hilario Valdeblánquez. Los Cárdenas y Valdeblánquez, hasta ese momento vecinas de Dibulla y quienes compartían negocios con los indígenas de la Sierra Nevada, se enfrascaron en una venganza de sangre despiadada y dolorosa. Los titulares sobre ella empezaron a figurar con decisión hacia 1974, fecha aproximada del boom del cultivo de marihuana en la Sierra Nevada de Santa Marta. Elementos como la bonanza marimbera, las mafias, el honor, los wayúu, La Guajira y la Sierra Nevada de Santa Marta usualmente fueron relacionados con el conflicto. La historia, si acaso ha terminado, pareció tener un triste fin en 1989 con la muerte de Hugo Nelson Cárdenas Cárdenas. Hugo, de 13 años, esperaba el bus para ir a su colegio en Santa Marta. La guerra de
los Cárdenas y los Valdeblánquez fue tal vez el caso más sonado, sino el único, de conflictos entre familias en La Guajira. Las familias Pinto y Gómez, conocidos popularmente como los _Gavilanes_, fueron protagonistas de otro cruento y sonado conflicto entre familias ocurrido en Riohacha. _Diario del Caribe_, Barranquilla, abril 13, 1989. ZONA DE ESTUDIO
PRENSA
_El Heraldo_, 10 de septiembre, 1974 _Diario del Caribe_, 9 de septiembre, 1974 El informador 13 de noviembre ,1974. _Diario del Caribe_, 21 de noviembre, 1974. _Diario del Caribe_, 4 de febrero, 1977. _Diario del Caribe_, 3 de marzo, 1977. .
_El Nacional_, 25 de mayo, 1977 _El Tiempo_, 6 de julio, 1979 _El Bogotano_, 4 de octubre, 1979.
El Bogotano, 4 de marzo,1981 _El Bogotano_, 27 demayo, 1981. __
_Diario del Caribe_, 4 de febrero, 1981 _El Bogotano, _ 6 de febrero, 1984. __
_El Heraldo_, 12 de abril, 1989. __
_El Heraldo_, 4 de diciembre, 1994. _El Heraldo_, 2 de marzo, 1995. 6.2 CAPÍTULO2: IDENTIFICAR LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE EL NARCOTRÁFICO Y EL PARAMILITARISMO EN LA DÉCADA DE LOS 90 El surgimiento de la relación paramilitarismo-narcotráfico. La seria amenaza de extradición hacia Norteamérica, y el rechazo por parte de muchos sectores de la sociedad colombiana a negociar, es lo que hace que los miembros de las organizaciones criminales decidan empezar a “legitimar” sus actuaciones y de esta forma ingresar a la sociedad.
Para tal efecto, existían diferentes medios para que los narcotraficantes lograran alcanzar dicho objetivo, uno de ellos fue la incorporación directa, cuyo instrumento indispensable era la corrupción, eficiente para la compra de la conciencia de los ciudadanos, los funcionarios judiciales y de todo aquel que pudiera servir para su propósito, de cierta forma ésta fue aplicada en mayor medida por los miembros del Cartel de Cali. Por otra parte estaba la manera indirecta, ejecutada por el Cartel de Medellín, evidentemente más recatada que la anterior, “la que consistía en la
“legitimación territorial”, mediante la compra de tierras y haciendas en el
Magdalena Medio, Córdoba y los Llanos Orientales, que con el tiempo se convirtieron en una inversión segura, grandes centros de concentración de poder cuyo principal elemento eran las alianzas de tres frentes: traficantes, importantes terratenientes, y finalmente mandos bajos y medios de las fuerzas militares, los cuales encontraron en esta unión una efectiva respuesta al incesante problema de la insurgencia”45.
Es de esta forma como la mafia encuentra la legitimación social y política en las distintas poblaciones al estructurar planes de contrainsurgencia, debido al profundo rechazo que experimentan los grandes terratenientes en contra de la delincuencia común, los insurgentes y los grupos sociales que buscan expresarse políticamente fuera de los partidos tradicionales, ya que todos estos grupos, para las cabezas del poder en las distintas regiones, constituían un enemigo común cuyo objetivo era “destruir el orden social del cual ellos se lucraban desde tiempo atrás”. El paramilitarismo se convierte en un instrumento para que los narcotraficantes pudieran ingresar a las comunidades con la aprobación de las mismas, puesto que fueron ellos, los que pusieron a su disposición los medios para lograr la tranquilidad que en cierta forma les había sido arrebatada por la acción de los grupos guerrilleros.
45 UPRIMNY, Rodrigo, El “laboratorio” colombiano: Narcotráfico, poder y administración de justicia. En Caleidoscopio de las justicias, Bogotá, Siglo del Hombre editores, 1997.
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La nueva forma delictiva, fue interpretada por algunos, como un medio para garantizar la seguridad que en cierta forma se consideraba como si estuviese ausente, debido a la falta de presencia del Estado en muchas regiones del país que no representaban importancia para los distintos gobiernos, y por ello condenaban a esas regiones a no tener una participación activa en la escena social, política y económica del país que fuera más allá del papel en donde se encontraba consignada la Constitución. Esta organización delincuencial es la responsable de innumerables persecuciones políticas y masacres como la de los miembros de la Unión
Patriótica, maestros, líderes sindicales, intelectuales, periodistas como
Guillermo Cano director del diario El Espectador, de pensamientos independientes y decididos a investigar y denunciar las acciones de este flagelo que cada vez cobraba más incidencia en la descomposición social. En este período de la historia la lucha contra el narcotráfico, por parte de la normatividad fue bastante errática, por el enfrentamiento entre el poder judicial y el ejecutivo, lo cual a largo plazo “no impidió que la Corte Suprema de Justicia, legitimara una serie de decisiones de corte autoritario provenientes del Gobierno”47. Es así como finalmente el 27 de Enero de 1988 se expide el Decreto 180 denominado como el Estatuto de Defensa de la Democracia, que surge a raíz de asesinato del Procurador Carlos Mauro Hoyos, medida que principalmente buscaba “criminalizar los delitos políticos y las protestas sociales subsumiéndolas dentro del terrorismo”. En este nuevo estatuto, se introducen normas que penalizan actividades
típicamente realizadas por los grupos guerrilleros, por ejemplo todo aquello que atacara o pusiera en peligro la vida, la integridad física, la libertad de las Personas, las edificaciones, el transporte, conducción de combustibles y Energía: dicha penalización se debe a que la actividad subversiva y el Narcotráfico, fueron equiparados como enemigos de todo lo concerniente a la seguridad nacional. 6.3CAPÍTULO 3: OBSERVAR CUÁLES FUERON LAS CONSECUENCIAS GENERALES QUE TUVO LA SOCIEDAD COLOMBIANA, A RAÍZ DE LAS REFORMAS QUE SE HICIERON SOBRE LA LUCHA CONTRA EL TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES EN ESE PERIODO.
Consecuencias generales que tuvo Colombia a raíz de las reformas. Durante los últimos años, Colombia ha librado una lucha decidida e integral contra el fenómeno de las drogas ilícitas. Los esfuerzos y los costos han sido enormes; de los primeros dan testimonio los múltiples instrumentos legales puestos en práctica, los compromisos internacionales asumidos, los permanentes operativos policiales y militares y las muchas decisiones judiciales adoptadas; los segundos resultan de sumar las ingentes y cada vez mayores cantidades de recursos oficiales dedicados a este fin, el gran impacto que sobre muchas de las actividades económicas ordinarias ha tenido la industria del narcotráfico, el deterioro de la moral de muchos funcionarios que han sucumbido ante la coacción o la corrupción y, lo que es más lamentable, las vidas de todos los policías, soldados, jueces, periodistasy demás personas de bien que han caído en esta lucha.
El fenómeno de las drogas ilícitas representa una amenaza para la sociedad y para la institucionalidad democrática, no sólo en nuestropaís, sino en la comunidad internacional. Por eso Colombia ha venido planteando y exigiendo una lucha decidida e integral, fundada en el principio de corresponsabilidad. El problema demanda acciones de la comunidad internacional por serun fenómeno transnacional y complejo, a fin de dar solución actividades como el contrabando y el desvío de insumos químicos, elcultivo, el procesamiento, la distribución, el consumo de drogas, ellavado de activos y el comercio clandestino de armas. Es así como las acciones que Colombia viene realizando para solucionar
Este problema responde a la política trazada por el Gobierno Nacional yal desarrollo de los compromisos adquiridos por el país con lacomunidad internacional. En el plano interno, los compromisos adquiridos en virtud de lamencionada convención se presentan en el “Plan Nacional de Lucha2contra las Drogas: Colombia 1998 - 2002”, con base en los principiosde la Constitución de 1991 que busca impulsar los postulados deequidad, apertura democrática, descentralización, autogestión,convivencia ciudadana y planeación participativa. 6.4CAPÍTULO 4: CONSTITUCIÓN POLÍTICA 1991 Con la muerte de Luis Carlos Galán, candidato a la Presidencia de Colombia asesinado en campaña electoral; muchos grupos de universitarios promovieron la consulta al constituyente primario sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Luego de obtener una masiva respuesta, el presidente de Colombia Virgilio Barco por medio de un Decreto de estado de sitio dio vía libre a la convocatoria de la asamblea.
El 2 de Agosto de 1990 el gobierno y los representantes del Partido Social
Conservador, el Movimiento Salvación Nacional y el M-19 firmaron un documento donde se delimitaban los temas de la reforma, el periodo de duración de la asamblea y el número de delegatarios. Durante la asamblea se desarrolló la Constitución en cada una de las comisiones como un consenso social con la participación de todos los grupos, incluyendo a las minorías, como los grupos indígenas, pues lo que se quería y se hizo fue hacer una Carta idealista con principios democráticos en donde toda la sociedad fuera vista en igualdad de condiciones con la meta de obtener una paz que hasta el día de hoy ha sido esquiva. De los temas vinculados con la política criminal, el de la extradición fue uno de los que fracasó en la reforma que había propuesto Barco, pues fue prohibida complementándose con la opinión de los colombianos que según el Centro Nacional de Consultoría fue el 84%86, ya que todos queríamos la paz. Uno de los fundamentos de la política criminal, al negar la extradición de nacionales, esencialmente fue el considerar a la rama judicial como el juez natural para juzgar cualquier delito cometido en materia de narcotráfico, y la obligación del Estado de proteger a sus nacionales, evitando que al extraditarlos tuvieran que enfrentarse en tribunales extranjeros con un idioma desconocido y a tener el proceso en su contra sin la capacidad de defenderse con todas las garantías que ofrece el debido proceso. Esta decisión despertó todo tipo de opiniones, pues algunos afirman, como
Pedro Díaz Arenas, profesor titular de Derecho de la Universidad Nacional; que fue el producto de una presión narcoterrorista, ya que los extraditables temían ir a las cárceles norteamericanas porque allá el trato era muy duro, además no obtenían ningún tipo de privilegios si confesaban sus penas, a diferencia de la política Gaviria. “Si bien el rechazo a la extradición fue una altiva decisión de la Asamblea Nacional Constituyente frente a los Estados Unidos, esto obligó al ejecutivo a excusar y legitimar mediante varias acciones (visitas, ofrecimientos, explicaciones y avisos) la disposición aprobada con la cual “no estaba de acuerdo”. Y no obstante ese acto de rebeldía constituyente, hoy se sabe que por una maniobra subrepticia PÁGINA 26
(mico) los no extraditables pueden ser trasladados como testigos a los Estados
Unidos 87“. Pero para otros el rechazo a la extradición se genera a partir de la búsqueda de un ideal democrático opuesta a los deseos imperialistas de generar Más guerras en todos lados. Por otra parte con base en un sentimiento nacionalista es muy difícil tolerar un derecho penal como prima ratio, como es el norteamericano, en el que las penas son tan duras; que alguien puede ser condenado hasta tres cadenas perpetuas y al final no le van a dar ninguna solución al problema del narcotráfico, debido a que con esto sólo se cambian los actores del delito y no se eliminan, incumpliendo con la función preventiva, rehabilitadora y resocializadora de la pena. Por esta misma razón los constituyentes se opusieron a la pena de muerte, y es cierto, esto sirve para pensar que se debe cambiar el tratamiento al narcotráfico y al consumo de drogas por medio de la prevención y de la educación. La Constitución hizo un reordenamiento a la justicia, que se llevó a cabo en la comisión cuarta, el cual fue duramente trabajado para ser cambiado en la Asamblea General; a manera de ejemplo está el artículo 228, el cual se refería al principio de transparencia al decir que todas las actuaciones de la justicia serían públicas, pero en lugar de esto quedó que la Ley podía hacer excepciones al principio de transparencia, lo que le abrió las puertas a figuras como los jueces sin rostro, a los testigos que no pueden ser contrainterrogados y audiencias privadas. asistencia de apoderado tanto en la investigación como en el juzgamiento, cuando lo que se buscaba era sólo en la fase de juzgamiento; a impugnarlas sentencias condenatorias cuando lo que se buscaba era la consulta de sentencias absolutorias, lo cual era más represivo porque ya no se demostraba la inocencia si no que se buscaba era probar la culpabilidad del absuelto en segunda instancia, siendo el derecho penal un derecho desconfiado que no buscaba la paz y la estabilidad social sino que todos éramos enemigos del Estado.
Se establecieron también principios como el debido proceso, el acceso a la prueba y la presunción de inocencia, principios que sólo quedaron plasmados en el papel, ya que la realidad era diferente; “el sistema estaba inmerso en el mundo del soborno y de la corrupción, ejemplo de esto eran los falsos testigos que se compraban en la calle, los sobornos de los narcotraficantes a los jueces para obtener penas bajas”. Los constituyentes crearon una Constitución diferente pero que no se adaptaba a las necesidades del país, sin tener operancia; siendo desvirtuada por la arbitrariedad 87 DIAZ, Pedro, La Constitución Política Colombiana. Bogotá, Temis, 1992.
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por el desconocimiento que se hace de los derechos, por esta razón no es la democracia formal la que debe reinar en la sociedad sino las costumbres democráticas generadas de la convivencia. Hubo otras normas que otorgaban garantías a la sociedad como la que establece el principio del hábeas corpus, “pero debió ser mejor explicado para evitar abusos de las autoridades”. Se creó la figura del Fiscal General para buscar la descongestión del sistema judicial y la eficiencia. Pero lo que los constituyentes no observaron fue la inutilidad de la creación de este tipo de figuras, siendo realmente que el problema ya no es jurídico sino político, pues de nada sirve una justicia con una connotación represiva, si no se observa que el problema está en que quien delinque lo hace como reacción a una consecuencia de índole socio económica, la cual es el deplorable estado económico y humano del país.
La Fiscalía se vinculó al sistema judicial con autonomía funcional, el problema fue el afán de demostrar que esta nueva institución era viable; se comentó como consecuencias del sistema que “su justicia no brinda garantías a los menos favorecidos económicamente hablando, las denuncias y demandas no compensan los daños a la víctima, las decisiones judiciales son lentas, las condenas están lejos de ser ejemplares, reinan la corrupción y la impunidad, se genera irrespeto por el sistema judicial y la pérdida de la confianza en la administración de justicia” EL DECRETO 303 DE 1991 Al terminar la mañana del 25 de Enero de 1991, Diana Turbay y Richard
Becerra eran trasladados por sus captores por sospechas de un allanamiento, cuando llegaron los comandos de la policía élite y se inició un intercambio de disparos que dejó como resultado la muerte de la periodista, hija de un ex presidente de la República. Después de su lamentable final, su madre y muchos grupos de influencia en el país culparon al presidente y al gobierno de Estados Unidos, pues para ellos la presión de este país “hizo que Gaviria demorara la nueva versión de los Decretos para darle más garantías a los narcotraficantes.”54 El gobierno negó esas afirmaciones expidiendo en 72 horas un nuevo Decreto, el 303 en el que se ampliaban las ofertas de libertad y se planteaba la confesión de un delito como requisito imprescindible para la negociación de penas, aboliendo la extradición. 54 CAÑÓN, Luis, El patrón, vida y muerte de Pablo Escobar. Bogotá. Planeta, 2000. PÁGINA 28
Con los Estados de excepción y los Decretos dictados con facultades especiales, la figura del Juez en Colombia paso a ser la de un codecisor; como dice Alejandro Aponte “...Crea supuestos inexistentes, sostiene normas bajo esos presupuestos, construye verdades y avanza como hacedor de la política criminal; tanto más complicado aún: de una política de excepción eficientista”.55 Los anteriores Decretos contrastan con “el caso de 115 campesinos que
trabajaban como jornaleros en una zona rural del municipio de Simití (Bolívar), en un cultivo de coca, donde les ofrecieron pagarles cerca de $ 2.000,oo (dos mil pesos) más de jornal de lo que habitualmente ganaban. La Brigada Móvil del Ejército los capturó el 17 de octubre de 1990 y los acusó de narcotraficantes, lo que ameritó pasarlos a la Jurisdicción de Orden Público, o sea, al reino de los Jueces Sin Rostro. Trasladados a cárceles infrahumanas mientras sus familias morían de hambre, sus procesos no fueron vigilados por ninguna otra instancia de la Justicia.” Luego de esta situación, el valor de la verdad era distinto, puesto que por
Ayudar a los narcotraficantes las normas no se ajustaba a los principios
Generales del sistema penal ni al régimen procesal, yendo en contra de las normas constitucionales. A partir de varios encuentros entre Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más conocidos e importantes de la época en Colombia. Solicitado por el gobierno de Estados Unidos en extradición y el Padre Rafael García Herreros, un sacerdote con mucha trascendencia y recordación en el país por su programa televisivo denominado “El minuto de Dios”, aquel decidió entregarse a las autoridades, imponiendo sus propias condiciones, la primera, que la cárcel quedara ubicada en Envigado, para esto donó una de sus fincas cuyo nombre era la Catedral, también solicitó se formara un comité especial integrado por el Procurador de Antioquia, el Alcalde de envigado, la policía y el ejército quienes sólo tendrían acceso a la cárcel en caso de Motín. Publicado 22nd January 2014 por Unknown 0
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